Este texto ha sido elaborado por las siguientes investigadoras: María Pazos Morán (dir.); Maribel Rodríguez (coord.); Vivian Guzmán Maynor Cabrera; Alison Vásconez Rodríguez; Paola Gutiérrez Cárdenas; Corina Rodríguez Enríquez; Carmen Castro García; Bibiana Medialdea García.

Desde su creación en el año 2004, el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina ha venido generando y difundiendo conocimientos relativos a las políticas públicas nacionales, con especial énfasis en la educación, y en los sistemas y programas de protección social.

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No obstante, más allá de las recomendaciones específicas que se puedan formular desde cualquier investigación centrada en un sector específico, los Estados precisan generar el volumen adecuado de recursos económicos para acometer una política pública basada en derechos y para poder aspirar a una ampliación del acceso a servicios públicos de calidad. Por ello, es necesario contar con una arquitectura fiscal robusta y justa.
América Latina, salvo en contadas excepciones, como es el caso de Brasil que ostenta una presión tributaria similar a los países europeos (35% del PIB), presenta unos niveles de ingresos fiscales que han venido oscilando entre un 10 y un 17% durante los últimos 15 años. A pesar de que se ha podido observar un progresivo aumento de la misma, este incremento es todavía netamente insuficiente, si lo contrastamos con las necesidades del gasto público en cada país.